La Juventudes Libertarias de Madrid (JJLL) damos por iniciada nuestra campaña contra la justicia burguesa, así como de la dominación fundamentada en el derecho. Subimos nuestro primer texto, conjuntamente a una de las imágenes de la campaña, a la cual esperamos añadirle más material y acciones en la calle.
LA LEY ES EL CRIMEN
Últimamente se oye hablar, cada vez con mayor fuerza, de la nueva reforma del actual gobierno. En este caso, una reforma del Código Penal, mayores penas, mayor represión, en época de crisis y ataques contra aquellas pequeñas victorias conseguidas tras duros enfrentamientos con el Orden Establecido.
Si bien a día de hoy no parece que haya nada seguro en lo que a la reforma se refiere, lo cierto es que, poco a poco y siempre a golpe de titular, empiezan a aparecer las propuestas más o menos concretas del nuevo gobierno: penar aún más la multirreincidencia, la desobediencia contra la autoridad, la piromanía, equiparar la violencia callejera, con terrorismo, o la resistencia pasiva con atentado a la autoridad, así como condenar a quienes hagan convocatorias que acaben en disturbios como un delito de integración en organización criminal, así como condenar también a aquellas organizaciones políticas, sociales y/o sindicales a las que pertenezcan detenidos en distintas movilizaciones, se aventuran como los puntos donde va a incidir la nueva reforma, y a todas ellas tenemos que añadir la implantación de la cadena perpetua revisable.
A simple vista, se trata de medidas que pueden gozar de un cierto respaldo social, como las mayores penas contra los pirómanos, aparentemente una medida inofensiva, pero que trata de agraciar a aquellos sectores de la población más sensibilizados con la cuestión ecológica, para que, de alguna manera, apoyen un código penal basado en una mayor represión. Eso mismo podemos pensar de las penas contra aquellas personas que han reincidido varias veces en la misma falta o delito, personas que han caído en dicha forma de ganarse la vida, por ser el camino más fácil para salir de la miseria a que la sociedad les ha condenado sin ellos buscarlo.
Mucho más impactantes parecen las medidas encaminadas a criminalizar la respuesta social que se plantea ante los ataques directos que los opresores, a través del estado, realizan contra los oprimidos. Medidas que se encuadran en una etapa de duros retrocesos en la lucha que desde hace décadas mantenemos oprimidos y opresores por nuestra dignidad, volviendo ahora a condiciones laborales propias de los años 20: despido libre, salarios irrisorios y congelados, si no en retroceso, etc. A esta situación, como decimos, se añade esta reforma que pretende endurecer las penas contra aquellas personas más concienciadas y más dispuestas a plantar cara, para ir a por ellas, criminalizarlas, condenarlas y que sirva de ejemplo al resto de la sociedad para que no les sigan. Cada vez más nos acercamos a ese ideal liberal, en que el estado sólo tenga sentido como elemento represor, dejando cada vez más espacio al capital para que campe a sus anchas. Muy ligado a esto, por ejemplo, nos encontramos los casos de los centros de menores, donde nos encontramos cada vez más de estos centros, gestionados por empresas privadas, incluyendo en este sentido a los carceleros/”cuidadores”.
Mención aparte merece la llamada “prisión permanente revisable”, o cadena perpetua revisable, como se la conoce más vulgarmente. Una pena que entra en la “legalidad constitucional”, al tener como fin la reinserción del preso, sin perder de vista que en la mayoría de los casos a los que se quieren aplicar estas penas (“terroristas”), nos encontramos en realidad ante presos políticos, por lo que sería la renuncia a sus ideas lo que permitiría la reinserción del preso, que de lo contrario permanecería en la cárcel hasta la muerte. Sin embargo esto no es nada nuevo en el Estado español, existiendo en la actualidad lo que muchos denominan “cadena perpetua encubierta”, es decir, cumplimiento de penas superiores a los 20 años de cárcel. Asimismo, nos encontramos en realidad, ante uno de los códigos penales más duros que existen y, proporcionalmente, con uno de los mayores porcentajes de población reclusa (en el Estado español hay cerca de 80.000 presos, un número superior a Alemania, cuya población es el doble). Paradójicamente, nos encontramos ante uno de los países con una de las “tasas de criminalidad” más bajas de la Unión Europea. Aún con todo, los medios del capital, los mass media nos bombardean cada cierto tiempo con la idea de la inseguridad o de la necesidad de recrudecer las penas por tal o cual delito.
A pesar de todo esto, nosotros no pensamos que la solución se encuentre en parar este código penal, o en conseguir otro como, por ejemplo, el noruego (cuya pena máxima son 20 años de prisión, teniendo un enfoque real hacia la reinserción del preso, cosa que no encontramos aquí). Entendemos que cualquier código penal tiene como fin, reglamentar la represión que defienda el orden imperante.
La nueva reforma del código penal constituye el apoyo del aparato judicial al significativo aumento de la represión estatal que experimentamos; y que irá en aumento dado el nefasto panorama socioeconómico en el que nos encontramos insertos. Detenciones, cárcel, golpes, humillaciones. Control social. Desahucios, desalojos. Cargas policiales, heridos y asesinatos. Criminalización, censura. La esencia más pura del Estado. Sin embargo, el ente estatal necesita, como todo villano, de una coartada, de un subterfugio al que acogerse y que le otorgue a su descarnada represión un resquicio de supuesta racionalidad. Es entonces cuando nos encontramos todo el aparato judicial, el derecho, a saber: la ley.
El Derecho y su concreción, la ley, es la base sobre la cual el Estado pretende regir todas las relaciones y conflictos que la sociedad genera. Es la máxima voluntad de control sobre todos los aspectos de la vida social y económica. El poder, por tanto, debe justificarse y procurar atenerse a sus propias normas, a su propia reglamentación, para que así éstas no pierdan legitimidad a ojos de la población. La represión por tanto, también debe estar reglamentada y ajustarse al marco del Derecho.
El Gobierno es consciente del profundo malestar social que está generando las reformas impuestas por la burguesía y se prepara para hacerlo frente. La Reforma del Código Penal supondrá la base legal de la represión que se nos viene encima.
¿Qué hacer entonces? Algunos nos dirán que esto se debe a un “gobierno de derechas” para a continuación decirnos que ellos jamás harían eso, que les votemos en las próximas elecciones. Otros clamarán “falta de democracia” y recordarán no sabemos qué espíritu de garantía de libertades y derechos que representan las leyes. Todos ellos contribuyen a engordar la farsa que supone toda forma de gobierno de unas personas sobre otras, toda forma de Estado y toda Ley. Para nosotros, la Ley siempre beneficiará al poderoso, los legisladores son vasallos de aquellos que ostentan el poder. Cualquier forma de gobierno implica necesariamente el control social sobre los gobernados que garantice la eliminación de cualquier disconformidad con la dominación existente.
Ante su aparato represivo y judicial nosotros llamamos al empleo de nuestro más poderosa arma como explotadxs: la solidaridad y el apoyo mutuo. Nuestro entorno, nuestros compañeros, nosotros mismos y todo aquel que suponga una amenaza para la dominación está en el punto de mira. Así pues, es una problemática que nos afecta a todos, por lo que delegar en otros la tarea de defendernos de las agresiones del Estado, supondría un ejercicio de irresponsabilidad, hablamos por tanto del ejercicio de la acción directa, no reconociendo ningún intermediario, ni por supuesto a la propia justicia burguesa.
Nos da igual que sus leyes penen la desobediencia. Nos da igual que sus leyes protejan las distintas figuras de autoridad –policía, jueces, profesores…-. Nosotros no reconocemos ninguna autoridad más allá de nosotros mismos, como individuos conscientes.
No vemos crimen alguno en rebelarse contra un sistema injusto. No vemos crimen en atacar a aquellos que nos roban la vida en sus empresas, en sus escuelas, es sus centros de ocio. No vemos crimen en enfrentarnos al origen de la desigualdad y de la injusticia: el Estado y el Capital. El único crimen que existe, es la ley que reglamenta este sistema y lo protege.
CONTRA LA REPRESIÓN: SOLIDARIDAD Y ACCIÓN DIRECTA
CONTRA TODA FORMA DE AUTORIDAD
